A partir del boom petrolero ecuatoriano, en la década de los setenta del siglo anterior, se introdujeron políticas de subsidios al gas licuado, gasolina y diésel como mecanismos de redistribución de la riqueza.
En los años posteriores, a través de las Cartas de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se negociaron medidas de ajuste estructural que aceptaron reducir el gasto público de los países y minimizar el rol del Estado en la economía.
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